La ley que regula derechos sobre
obtenciones vegetales y deroga la ley Nº 19.342 (*) es un proyecto de ley chileno,
conocido como ley de obtentores vegetales o «ley Monsanto», en actual
tramitación ante el Congreso Nacional de Chile, que tiene por fin regular el
registro y los derechos del obtentor vegetal, o sea, el régimen jurídico que
regula los derechos del obtentor de variedades vegetales y el privilegio del
agricultor, derogando la actual ley Nº 19.342. Corresponde al boletín 6355-01 (**),
que fue ingresado al Congreso el 12 de enero de 2009, por mensaje de la
presidenta de Chile Michelle Bachelet.
Fue aprobado en general y
particular, por la Cámara de Diputados de Chile, el 9 de marzo de 2010, y
actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional ante el Senado de
Chile, donde fue aprobada por la Comisión de Agricultura del Senado de Chile,
el 29 de julio de 2013. Esta aprobación no fue difundida a través de los medios
de prensa tradicionales del país, pretende adecuar las normas chilenas
actualmente vigentes a los estándares del Convenio Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales (1991) de la Unión Internacional para
la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), organización
intergubernamental creada a partir del Convenio Internacional para la
Protección de Obtenciones Vegetales, adoptado en París en 1961, cuyo objetivo
es proteger a las semillas u obtenciones vegetales a través de un derecho de
propiedad intelectual, siendo la mayoría de estas de tipo transgénico. Chile
ratificó el Convenio UPOV 91 el año 2011, el cual había sido presentado al
Congreso por el gobierno de Michelle Bachelet.
Este proyecto de ley ha sido objeto
de críticas de parte de diversas organizaciones de la sociedad civil, pues
implica la privatización de las semillas y concentrará su propiedad en pocas
empresas. Al privatizar las semillas, convierte la agricultura en una actividad
netamente comercial. Es conocida como «ley Monsanto» porque favorece a grandes
empresas transnacionales dedicadas al negocio de las semillas transgénicas, en
particular, a la empresa estadounidense Monsanto. Iniciativas legales como ésta,
ya han sido aprobadas en otros países de Latinoamérica, tales como México y
Perú, estando prohibidas en varios países de Europa.
Entre otras críticas a este
proyecto de ley, se encuentran la vulneración al Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la vulneración a los derechos de
los campesinos y la contaminación de las siembras naturales, no transgénicas.
Fuente: Wikipedia.org
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